El Norte argentino reclama un esquema diferencial ante el nuevo régimen de subsidios energéticos

El rediseño del esquema de tarifas energéticas que impulsa el Gobierno nacional volvió a encender alertas en el Norte argentino y, en particular, en Tucumán. En una región marcada por temperaturas extremas y un uso intensivo de la electricidad para refrigeración, la discusión por los topes de consumo subsidiado se instaló como eje central frente al nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados que comenzará a regir a partir de 2026.

La Secretaría de Energía publicó en el Boletín Oficial el informe final de la consulta pública vinculada a este nuevo esquema, cuyo objetivo es reducir el gasto estatal y alcanzar un ahorro fiscal cercano a los US$ 1.000 millones, equivalente al 0,15% del Producto Interno Bruto. El documento recoge 26 aportes de ciudadanos, organizaciones de consumidores, defensores del pueblo, entes reguladores provinciales, empresas, distribuidoras y cooperativas.

En ese marco, el Gobierno dejó abierta la posibilidad de revisar la política de subsidios para 2026 con un criterio regional. En el informe, firmado por el subsecretario de Transición y Planeamiento Energético, Antonio Milanese, se reconoce que “los requerimientos energéticos esenciales varían significativamente según la región, las condiciones climáticas, la disponibilidad de fuentes energéticas alternativas y las características de la infraestructura energética local”, argumentos que fueron calificados como “atendibles”.

Desde Energía también se advirtió que “la aplicación de parámetros uniformes podría generar efectos regresivos en zonas con climas extremos o con alta dependencia de determinadas fuentes de energía”, una definición que refuerza los planteos del Norte Grande, donde se reclama un tratamiento tarifario diferencial.

El reclamo del Norte y Tucumán

Dentro de las propuestas presentadas tras la consulta pública, se solicitó establecer un bloque de hasta 700 kilovatios mensuales subsidiados durante los meses de mayor consumo energético en las provincias del norte argentino. El pedido contempla enero, febrero, marzo y abril, y suma además noviembre y diciembre, debido a las elevadas temperaturas que se registran en la región y que vuelven indispensable el uso intensivo de equipos de refrigeración.

En Tucumán, esta demanda tomó forma institucional a través de un proyecto de resolución presentado en su momento por los legisladores José Seleme y Silvia Elías de Pérez (foto inferior). La iniciativa solicita al Poder Ejecutivo provincial que gestione ante la Secretaría de Energía de la Nación la duplicación de los topes de consumo subsidiado para usuarios residenciales de los segmentos N2 y N3. En concreto, propone llevarlos a 700 kWh para los hogares de menores ingresos y a 500 kWh para los de ingresos medios.

El proyecto se apoya en criterios técnicos y normativos. Cita la norma IRAM 11603/2012, utilizada para definir el Régimen de Zonas Frías establecido por la Ley 27.637 y también para delimitar las zonas cálidas. Según esta clasificación, Tucumán se encuentra dentro de las zonas bioambientales cálidas (Ha e Ib), donde “las temperaturas a partir del mes de noviembre pueden superar los 40 grados”.

Además, advierte que esta estacionalidad “produce un comportamiento típico en la demanda de generación eléctrica provincial”, ya que los usuarios buscan confort térmico mediante el uso de electrodomésticos refrigerantes incluso fuera de los horarios pico. Esta situación “exige al máximo las infraestructuras” del sistema eléctrico nacional y deriva en cortes programados en distintos puntos y momentos de consumo.

En ese contexto, los autores del proyecto alertan que “la quita progresiva de los subsidios y sus topes asignados, la creciente suba del precio de la energía y la falta de previsión e inversiones van a dejar fuera del sistema a cientos de usuarios”, y subrayan que estos hogares “deben ser prioridad para las autoridades nacionales y provinciales”. También remarcan la urgencia de adoptar medidas que permitan atravesar “uno de los veranos más cálidos para la región del Norte Grande”, en un escenario agravado por advertencias sobre faltantes de generación realizadas por Cammesa y el propio Gobierno nacional.

Cambios generales en los subsidios

Más allá del foco puesto en el Norte argentino, el nuevo régimen implica una reconfiguración profunda del sistema de subsidios en todo el país. Según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, unas 7.330.000 familias consideradas de mayores ingresos, con alto patrimonio o que desistieron voluntariamente de la ayuda estatal, perderán los subsidios a partir del 1 de enero de 2026. Estos usuarios, que hoy cubren el 92% del costo real de la electricidad y el 80% del gas, pasarán a pagar el 100% del precio mayorista.

A ellos se sumarán cerca de 140.000 hogares del segmento “Nivel 3 – Ingresos medios”, que perciben entre 3 y 3,5 canastas de pobreza. En total, el 45% de los usuarios del sistema eléctrico quedará sin subsidios.

El 55% restante, unos 9.100.000 hogares que declaran ingresos mensuales inferiores a $ 3.771.987, mantendrá una cobertura del 50% del costo de la electricidad, con topes de consumo diferenciados por estación y una bonificación adicional del 25% desde enero, que se reducirá progresivamente hasta desaparecer a fines de 2026.

En el gas, el esquema también cambia: se unifica el precio trasladado a tarifas en 3,79 dólares por millón de BTU, con valores más bajos en verano y más altos en invierno. Los subsidios solo se aplicarán al 50% de los bloques de consumo garantizados, distintos según la región, entre abril y septiembre, lo que anticipa aumentos de dos dígitos en las facturas.

Las modificaciones no estuvieron exentas de críticas puesto que entidades de consumidores y Defensorías del Pueblo de todo el país cuestionaron el mecanismo elegido por el Gobierno nacional al optar por consultas públicas en lugar de audiencias públicas. Según afirmaron, esta modalidad “tiende a desvirtuar la participación efectiva de los usuarios, asociaciones y organismos de defensa de derechos”, facilitando la implementación de incrementos en generación y transporte que luego se trasladan a las facturas finales.

Mientras el Ejecutivo nacional avanza con su plan de reducción del gasto público, el debate por las tarifas vuelve a poner en primer plano las desigualdades regionales. En el NOA y Tucumán, la discusión no solo pasa por números fiscales, sino por el impacto concreto que el nuevo esquema tendrá en hogares atravesados por el calor extremo, la vulnerabilidad social y un sistema energético que opera al límite.